El pasado 28 de septiembre, la Comisión Europea propuso revisar la Directiva de responsabilidad por productos defectuosos.
Esta iniciativa pretende adaptar dicha Directiva -la cual viene constituyendo una piedra angular en el mercado único interior desde su adopción en 1985– teniendo en cuenta los cambios que conlleva la transición hacia una economía circular y digital, en cuando a la responsabilidad de productos que necesitan software o servicios digitales para funcionar, así como dispositivos inteligentes y vehículos autónomos. La iniciativa también abordará los retos que plantea la inteligencia artificial.
¿Qué deficiencias se pueden encontrar actualmente?
La Comisión considera que:
- Los conceptos originales de décadas de antigüedad, dentro de la directiva de responsabilidad por productos defectuosos, están desactualizados y ya no son adecuados para abordar los productos en la economía digital y circular moderna.
- La carga de la prueba para probar que un producto es defectuoso y causó el daño sufrido, está siendo un desafío para los consumidores en casos complejos (por ejemplo, aquellos relacionados con productos inteligentes o habilitados para IA, e incluso productos farmacéuticos).
- Las normas limitan la posibilidad de presentar reclamaciones de indemnización.
Por ello, la revisión de la Directiva busca garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior, la libre circulación de mercancías, la competencia sin distorsiones entre los operadores del mercado y un alto nivel de protección de los consumidores. En particular, esta propuesta pretende:
- Garantizar que las normas de responsabilidad reflejen la naturaleza y los riesgos de los productos en la era digital y la economía circular.
- Garantizar que siempre haya una empresa con sede en la Unión Europea que pueda ser considerada responsable de los productos defectuosos comprados directamente a fabricantes fuera de esta, a la luz de la creciente tendencia de los consumidores a comprar productos directamente de países no pertenecientes a la Unión Europea sin que exista un fabricante o importador con sede en la misma.
- Aligerar la carga de la prueba en casos complejos y las restricciones a la hora de presentar reclamaciones, garantizando al mismo tiempo un justo equilibrio entre los intereses legítimos de los fabricantes, las personas perjudicadas y los consumidores en general.
- Garantizar la seguridad jurídica en el mercado interior.
