El pasado 21 de febrero se publicó en el BOE la nueva Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley entrará en vigor el próximo 14 de marzo.
La ley Whistleblowing quiere fomentar la responsabilidad, la transparencia y la ética en las empresas y entidades públicas, promoviendo una cultura de lealtad y prevención de la corrupción.
Para ello, esta ley debe garantizar la protección de los ciudadanos que informan sobre infracciones normativas y actos de corrupción en el ámbito laboral y garantizar que se investiguen estas denuncias.
Estas son algunas de las infracciones que se pretenden combatir con la nueva ley Whistleblowing:
- El incumplimiento de las normativas laborales y de seguridad social.
- La comisión de delitos fiscales o contra la Hacienda Pública.
- La comisión de delitos de corrupción, como la malversación de fondos públicos o el cohecho.
- La vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito laboral.
¿Quién deberá cumplir esta normativa?
La ley Whistleblowing se aplicará a todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades públicas o privadas en el territorio español.
Todas las entidades públicas y las empresas privadas que tengan más de 50 trabajadores, deberán implementar obligatoriamente el canal de denuncias.
¿Cuánto tiempo tienen las entidades para aplicar esta ley?
Antes de estas fechas se deberá aplicar la ley Whistleblowing:
- 1 de diciembre de 2023: Las empresas privadas que tengan entre 50 y 249 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes.
- Tres meses después de la entrada en vigor de la Ley (mediados de junio de 2023): El resto de las entidades más grandes que estén obligadas a cumplirlo y que no se ajusten a las características anteriores.
¿Qué derechos tendrán las personas que denuncien estas infracciones?
Se garantizará la protección de las personas que denuncien sobre las infracciones normativas y actos de corrupción que detecten en sus empresas y/o organizaciones, con una serie de derechos:
- Derecho a recibir información sobre los procedimientos de protección previstos por la ley y los derechos y garantías que les corresponden.
- Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito y especializado.
- Derecho a la protección de su identidad a través de medios que garanticen la confidencialidad de la misma.
- Derecho de acceso a los medios necesarios para poder llevar a cabo la denuncia de forma diligente y eficaz.
- Derecho a la protección contra represalias sufridas por la comunicación de la infracción llevadas a cabo por parte de la entidad.
- Derecho a ser informado sobre el estado de las investigaciones.
- Derecho a la restitución de posibles perjuicios sufridos como consecuencia de la comunicación.
- Derecho a que las empresas y organismos públicos colaboren con las autoridades competentes en la investigación de las denuncias recibidas.
¿Cómo deben ser los canales de denuncia?
Las denuncias deberán ser canalizadas a través de canales seguros y confidenciales, como los “buzones éticos”, que garanticen la protección de la identidad del denunciante.
Hay dos tipos de canales de denuncia:
- Canal propio de la empresa: las empresas y organismos públicos deberán contar con un sistema interno de información que permita la recepción y gestión de las denuncias de infracciones normativas y actos de corrupción.
- Canal Externo: La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) se encargará de supervisar y garantizar el cumplimiento de la Ley 2/2023 y establecer un canal externo de información para la recepción de las denuncias de infracciones normativas y actos de corrupción.
¿Qué sanciones puede tener la entidad si incumple la ley?
La ley establece sanciones para aquellas personas o entidades que incumplan esta ley obligatoria. Estas son algunas de ellas:
- Multas
- Penas de prisión
- La suspensión temporal o definitiva de actividades
- La pérdida de ayudas o subvenciones públicas
- La obligación de restablecer el derecho vulnerado
- La realización de medidas correctivas
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Georgina Andrés, abogada especializada en Protección de datos y coordinadora del área legal de PymeLegal.
