El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa que pretende instar al Gobierno sobre algunas medidas necesarias que tendrán como objetivo regular los créditos rápidos, eliminando su carácter abusivo y garantizando los derechos de los consumidores conforme a la legislación vigente.
Esta medida busca responder a las numerosas denuncias sobre prácticas abusivas en el sector de los créditos de concesión rápida que, en muchos casos, imponen condiciones desproporcionadas y generan situaciones de sobreendeudamiento en los prestatarios. Con el fin de establecer un marco legal que proteja a los consumidores, la iniciativa contempla:
- Definición de préstamos abusivos: Se establecerán criterios claros para determinar qué condiciones convierten un crédito en abusivo, evitando la aplicación de intereses desproporcionados y cláusulas perjudiciales para el prestatario.
- Medidas contra costes excesivos: Se implementarán mecanismos para evitar que los créditos rápidos impongan costes excesivos o usurarios a los consumidores.
- Ampliación del ámbito de créditos regulados: Se eliminará el límite inferior de 200 euros existente en la normativa actual, permitiendo que más créditos estén sujetos a regulación.
- Registro y supervisión de prestamistas: Se establecerá un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo, reservando esta actividad a empresas solventes y con prácticas respetuosas con el consumidor.
- Modelos contractuales estándar: La administración presentará modelos contractuales que garanticen unos estándares adecuados para los consumidores.
- Supervisión del Banco de España: Se someterá a las empresas de crédito al consumo y créditos rápidos al control y supervisión del Banco de España.
- Restricción de publicidad engañosa: Se prohibirá la publicidad de créditos rápidos que destaquen la facilidad de obtención del crédito sobre su coste real.
- Monitorización de abusos con IA: Se articulará un estudio que, mediante el uso de Inteligencia Artificial y otros medios, detecte anuncios fraudulentos y posibles abusos, permitiendo sanciones o denuncias penales cuando sea necesario.
Esta iniciativa pretende reforzar la protección de los consumidores y garantizar que el acceso al crédito no implique riesgos desproporcionados para los ciudadanos.
