El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente con el objetivo de concienciar a la población global sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas y fomentar el respeto hacia nuestro entorno. Esta efeméride fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema central fue precisamente el medio ambiente. En el contexto de esta celebración, es relevante destacar que el Consejo adoptó el pasado 30 de mayo la Directiva sobre el Derecho a Reparar. Esta legislación promueve la reparación de bienes rotos o defectuosos, facilitando que los consumidores opten por reparar en lugar de sustituir. Esto no solo mejora la accesibilidad, transparencia y atractivo de los servicios de reparación, sino que también es beneficioso para el medioambiente al reducir el desperdicio y el consumo de recursos naturales.
Incentivos para la Reparación
La Directiva introduce un conjunto de herramientas e incentivos para aumentar el atractivo de la reparación en los consumidores. Entre las principales medidas se incluyen:
- La obligación de los fabricantes de reparar productos siempre que sea técnicamente posible, de acuerdo con la normativa de la UE.
- La implementación de un formulario de reparación voluntaria con información clara sobre el proceso de reparación, incluyendo plazos y precios.
- La creación de una plataforma telemática europea donde los consumidores puedan buscar fácilmente servicios de reparación.
- La ampliación de la garantía legal en 12 meses si el consumidor decide reparar su producto en lugar de sustituirlo.
Además, la lista de productos reparables podrá ampliarse en el futuro conforme la Comisión establezca nuevos requisitos de reparabilidad para determinados productos.
Próximos Pasos
Tras la adopción por el Consejo el 30 de mayo, la Directiva ha sido formalmente aprobada. Una vez firmada por los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después de su publicación. Los Estados miembros tendrán un plazo de 24 meses a partir de su entrada en vigor para transponer la Directiva a la legislación nacional.
